Los 10 aspectos que todo inmigrante debe saber sobre la regla de “carga pública”

A partir del 15 de octubre de este año, los oficiales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplicarán la regla de “carga pública” a prácticamente todas las peticiones de beneficios migratorios, como Residencia Permanente y extensión de estancia en los Estados Unidos.

En un documento publicado el 14 de agosto en el Registro Federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) describe su nueva definición de “carga pública” y cómo esto impactará a los inmigrantes.

“La regla propuesta define una carga pública como un extranjero que recibe uno o más públicos beneficios”, indica la autoridad, además de incorporar el umbral sobre el uso de esas ayudas en “monetizables” y “no monetizables”, para evaluar si un extranjero ha hecho uso excesivo de los apoyos gubernamentales.

Fuentes de USCIS estimaron que son 4.6 millones de extranjeros estarán bajo ese escrutinio, ya que son los incritos a algún programa de ayuda social. Anualmente 382,000 personas que aplican por ajuste de estatus, es decir, la “green card” serán sujetos a los nuevos lineamientos.

1. La definición.- El Gobierno del presidente Donald Trump establece que una inmigrante considerado “carga pública” es aquel que recibe una o más ayudas sociales durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses (tres años). Los oficiales migratorios incluso podrán determinar si un extranjerro que nunca ha vivido en el país podría convertirse en un peso para las finanzas federales. “DHS ha modificado la definición de ‘probable de convertirse en una carga pública en cualquier momento’ para aclarar que es probable que un extranjero, en cualquier momento, se convierta en una carga pública… según lo determinado en función de la totalidad de las circunstancias del extranjero”, explica. Esta decisión es discrecional.

2. Los programas.- La autoridad divide en dos los beneficios: los monetizables, como cupones de comida (SNAP), apoyos de vivienda y asistencia de alquiler; y los no monetizables, como Medicaid, Parte de Medicare, vivienda subsidiada. Hay una larga lista de ayudas que se integran y afectarán la petición de visa de un inmigrante. Entre los programas que serán un problema están SNAP, Medicaid en casi todos sus casos, Asistencia de Vivienda bajo el Voucher de Elección de Vivienda (HCV), asistencia de alquiler basada en proyectos, y otras formas de vivienda subsidiada, SSI, TANF, asistencia general, entre otros.

3. Las excepciones.- Hay apoyos que los oficiales de USCIS no considerarán para evaluar a un inmigrante, como CHIP, el EITC y el impuesto sobre menores Crédito (CTC), Medicaid de emergencia, D-SNAP para recibir alimento durante desastres, SSDI que es para personas con discapacidad, ayudas durante emergencias (TEFAP), Head Star, que es una ayuda de alimentación para campesinos, programas estatales de ayuda no monetizables para grupos tribales, NSLP, que es apoyo para desayuno y/o lunch escolar, WIC, el programa de nutrición especial para madres y niños, entre otros.

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4. A quiénes NO aplica.- Las autoridades migratorias deben seguir las leyes federales que impiden afectar “programas de inmigración con base humanitaria”. Por ello, la norma no aplicará a seis grupos: refugiados; asilados; peticionarios de Visa T, es decir, víctimas de trata protegidas; protegidos con Visa U, o sea víctimas del crimen protegidas bajo este permiso de estancia, considerado de no inmigrante; víctimas de violencia doméstica, bajo el programa VAWA, y los Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ, en inglés), es decir, aquellos menores que han sido maltratados o abandonados por sus padres y podrían recibir la Residencia Permanente.

5.- Camino a la deportación.- Cuando un extranjero solicite su extensión de estancia en el país o su “green card”, si el funcionaio de USCIS considera que es una “carga pública” y le niega la petición, esa determinación pondrá al inmigrante en proceso de deportación. La autoridad notificará lo procedente, pero esa persona podrá decidir voluntariamente salir de EEUU o ser expulsado por oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

6.- Puntos en contra.- Para otorgar un beneficio migratorio, los oficiales de USCIS considerarán cuatro aspectos importantes sobre un inmigrante: ser desempleado o no ser estudiante de tiempo completo; recibir o haber recibido uno o más beneficios públicos por más de 12 meses en un período de 36 meses; padecer alguna enfermedad que requiera tratamiento médico extenso o que interferirá con su capacidad de mantenerse a sí mismo, asistir a la escuela o al trabajo; aquellos extranjeros declarados por un juez de inmigración o la Junta de Apelaciones de Inmigración como inadmisibles o deportables por motivos de “carga pública”.

7.- Puntos a favor.- Los oficiales de USCIS considerarán a un inmigrante digno de la Residencia Permanente si tiene ingresos, activos o recursos propios y un apoyo de al menos 250 porcentaje de las Pautas Federales de Pobreza (FPG, en inglés) para su tamaño de hogar. Es decir, según las pautas, un hogar de dos personas los ingresos debería ser de al menos $58,800 dólares anuales. En el caso de una familia de tres, incluyendo un niño, los ingresos mínimos deberían ser de $60,500 anuales. También se tomará en cuenta si el inmigrante está autorizado para trabajar y está empleado, además de que tiene un seguro de salud privado apropiado para la duración prevista del la estadía en Estado Unidos (excluyendo cualquier subsidio).

8.- ¿Dirigida a hispanos?.- Activistas y defensores de derechos civiles afirman que la regla afectará principalmente a hispanos, asiáticos y negros, aunque el director de USCIS, Ken Cuccinelli, defiende que la intención es que los inmigrantes en EEUU sean autosuficientes. “No estamos haciendo nada nuevo aquí. Simplemente estamos haciendo efectivo lo que el Congreso ya puso en los libros. No hay ninguna razón para que ningún grupo en particular sienta que esto los está apuntando”. Organizaciones como la Clínica del Pueblo indican que la norma está diseñada para causar “miedo” e impactará principalmente a niños, ya que sus padres no solicitarán ayudas para ellos, principalmente de alimentos y salud.

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9.- Un patrocinador.- Para ayudar a evitar la regla, los inmigrantes pueden presentar el Formulario I-864 o Declaración Jurada de Patrocinio Económico, en el cual se especifica quién patrocina a esa persona para su estancia en EEUU. “El propósito del Formulario es demostrar que usted tiene los medios económicos para vivir en los Estados Unidos sin necesitar ayuda gubernamental o beneficios económicos del gobierno”, explica USCIS.

10.- ¿Aplica a peticiones pendientes?.- El Gobierno afirmó que ninguna aplicación presentada antes del 15 de octubre de 2019 será revisada bajo la nueva regla, aunque ya existen criterios sobre “carga pública” que los oficiales aplican. Hay algunos casos de rechazos de beneficios migratorios, como el de la mexicana Esmirna Brito, quien viajó a su país para la entrevista de Residencia Permanente, pero el oficial le negó su beneficio por “bajos ingresos”, ya que reportó $30,000 dólares anuales de ingresos para una pareja. Lo más importante es consultar con un abogado que evalúe el caso completo antes de enviar cualquier formulario.

La inadmisibilidad

Cualquier funcionario migratorio, incluso el personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puede aplicar la regla de “carga pública” y considerar a una persona como inadmisible en los Estados Unidos.

En el caso de los oficiales de USCIS que revisan las aplicaciones de extensión de visas laborales o el otorgamiento de la “green card”, aplicarán varios criterios para determinar las circunstancias de un inmigrante y decidir si es viable de obtener el beneficio que solicita.

“Esto significa que el adjudicador debe considerar tanto los factores positivos como los negativos al determinar la probabilidad de que alguien se convierta en una carga pública”, explica la autoridad.

En ese sentido, los funcionario de USCIS debe considerar los siguientes factores de un extranjero para hacer una determinación: su edad, su estado de salud, su estatus familiar, los niveles de activos, sus recursos (por ejemplo, bienes), estatus financiero y su nivel educativo.

Las autoridades agregan que si bien la aplicación del Formulario I-864 o Declaración Jurada de Patrocinio Económico ayudará a un inmigrante, no será el único factor a considerar.

“La presencia o ausencia de un solo factor no puede ser el único criterio para determinar la inadmisibilidad por carga pública”, apunta la dependencia.

Cabe recordar que la regla es parte de la estructura normativa de los Estados Unidos, pero los funcionarios de USCIS en embajadas y consulados aplicarán los mismos criterios en todo el mundo, a fin determinar la “admisibilidad” de un extranjero, incluso para una visa de turista. Las autoridades migratorias especificaron que el Departamento de Estado aplicará sus propios criterios sobre esta regla.

Vía | La Opinión